COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA VERSUS AUTORITARISMO
Se realizó el Primer Congreso Nacional en Defensa del Derecho Humano a la Comunicación. Convocado por la Coalición por una Comunicación Democrática, y una enorme cantidad de organizaciones sociales y de derechos humanos, cooperativas, periodistas, comunicadores, universidades nacionales y personas para quienes la comunicación no es una mercancía. El Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, fue el ámbito elegido para ratificar la plena vigencia de la Ley 26.522.
La primera observación que cabe realizar es la cantidad de esfuerzos mancomunados y el tiempo que insumió desde el inicio del proceso que llevó a la elaboración de los 21 puntos que fueron la base para la escritura del proyecto.
Luego llegó el turno de los foros a lo largo y ancho del país para generar el necesario debate que unificara los criterios que le dieron forma definitiva. Varios años transcurrieron en la lucha llevando en alto esa bandera plagada de palabras.
Para así llegar al recinto legislativo que transformara ese sueño en realidad.
Podemos afirmar sin margen de duda que ha sido la ley más debatida y aprobada por la más amplia mayoría que la democracia pudo construir.
Es difícil mensurar el número de personas y organizaciones que pusieron su esfuerzo, imaginación, horas de trabajo, creatividad y deseos colectivos de democratizar la comunicación.
No debemos olvidar la batalla judicial contra el monopolio informativo y los años que fueron birlados a la población de la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hasta que un día, por fin, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decretó sabiamente, la constitucionalidad plena de la norma.
A modo de síntesis se puede afirmar que un proyecto que surge del seno de la sociedad, donde es largamente debatido, el Poder Legislativo le da forma de Ley, el Poder Ejecutivo la promulga y el Poder Judicial la declara constitucional.
Los organismos regionales e internacionales creados para velar por la democracia y el cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por los Estados soberanos, celebra y muestra como ejemplo a imitar la ley sancionada.
Pero un día, una persona decide de un plumazo y sin seguir los pasos que la Constitución Nacional prescribe, derribar lo construido por la mayoría de la sociedad representada por los tres poderes que la democracia reconoce.
Autoritarismo (Régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad) de la más pura cepa. (Abuso que hace una persona de su autoridad)
En estas lides estamos. Donde un gobierno elegido democráticamente hace gala del abuso de autoridad. Tomando medidas que sin respetar los procedimientos constitucionales vulnera los derechos adquiridos por la mayoría de la población. Derechos consagrados cumpliendo todos los requisitos que marcan las leyes nacionales y los tratados internacionales suscriptos por el Estado, que trascienden a los gobiernos de turno.
Resulta preocupante el silencio y la inacción de la Corte Suprema de Justicia. Porque este gobierno también avasalla su potestad.
Salvo que esa institución de la Democracia que debe velar por la aplicación de justicia ante la cual todos los ciudadanos son iguales, haya tomado partido por quienes han decidido desconocer los mandatos, formas y procedimientos que la Ley Suprema instituye para velar por el bien común y la felicidad del pueblo.
En caso de que esto sea así habrá que recurrir a instancias que funcionan cuando no se respeta la Constitución y las leyes que rigen los estados democráticos.
“…Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente…” (León Gieco)
Daniel Mojica
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